La Ley 2232 de 2022, retos y oportunidades para Colombia en economía circular

Es común escuchar que los plásticos se han convertido en un problema para muchos de los ecosistemas de la tierra. Sus características de resistencia y durabilidad - que son sus mayores virtudes - con el tiempo se han convertido en sus mayores defectos. Según WWF, se estima que 11 millones de toneladas de residuos plásticos entran a los océanos, afectando su capacidad para general oxigeno en el planeta y la conservación de biodiversidad. Esta problemática se ha convertido en la motivación para que muchos gobiernos decidan impulsar normativas para controlar e incluso prohibir su fabricación y consumo. Entorno a la discusión de los plásticos es necesario mirar el espectro de los problemas que causa, pero también de los beneficios que representa. Por ejemplo, por medio de un adecuado proceso de reciclaje, el plástico puede ser utilizado de 6 a 8 veces para producir el mismo producto con un consumo energético inferior al de otros materiales, lo que disminuye su huella de carbono (Ekomodo, 2020).

Es importante entonces, de cara a la sostenibilidad, observar el tratamiento que se le da a los residuos sólidos, de manera que estos dejen de ser residuos y pasen a ser insumos. ¿Qué pasaría si efectivamente se reciclara todo el plástico que se pone en el mercado y se exigiera su aprovechamiento? ¿Seguiría siendo el problema que es ahora? Un modelo de economía circular demandaría de la industria del plástico una reinvención ya adelantada: que aquello que ponen en el mercado vuelva a su proceso productivo como materia prima para rehacer sus mismos productos.

Este es el sentir axiológico de la Ley 2232 de 2022, pues “establece medidas tendientes a la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso”. Esta Ley representa una oportunidad para impulsar hábitos racionales de uso/consumo de los plásticos de un solo, por tanto, articula la disminución gradual con estrategias de reconversión productiva que faciliten el aprovechamiento de los residuos plásticos en nuevas cadenas productivas, esto es, eliminar el concepto residuos plásticos a recursos circulares.

Esta regulación no se centra exclusivamente en la prohibición de comercializar en el mercado un listado de productos plásticos; sino, que introduce un Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso. Dicho Plan, de acuerdo con las disposiciones iniciales de la Ley 2232, estará acompañado de una serie de elementos que harán posible el uso sostenible de los plásticos, la transformación de la industria del plástico y el fortalecimiento de las cadenas de recolección de residuos. El alcance de los planes a desarrollar contemplarán: (i) la Reconversión Productiva y Adaptación Laboral, (ii) una serie de incentivos económicos que impulsen la materialización de productos alternativos más sostenibles, (iii) regulación relativa al etiquetado de productos, (iv) prohibición de ingreso de este tipo de materiales a áreas protegidas y ecosistemas sensibles, así como de (v) su uso y compra por parte de instituciones del sector público, (vi) la formalización de los actores de la cadena de valor del plástico (recicladores de oficio y sus asociaciones) y por último, (vii) un modelo de responsabilidad extendida que conecte a los fabricantes de envases, productores, y consumidores con la gestión de los plásticos de un solo uso.

Este último mecanismo hace responsables a los productores de plásticos de un solo uso de recolectar y asegurar la recuperación de un porcentaje de lo que ponen en el mercado. Esto permite fortalecer dos elementos claves para lograr conectar el residuo plástico a cadenas circulares en Colombia: la recolección y la transformación.

Para lograr un fortalecimiento real de la cadena de reciclaje de plásticos, la Ley establece metas retadoras de recuperación que aumentarán la demanda de material en el país y fortalecerá una industria que viene en crecimiento. Esto complementará el proceso de formalización de los actores de la cadena de valor del plástico, tales como recicladores de oficio y por ende las organizaciones a las que pertenecen. Como resultado, el gremio reciclador será el principal dinamizador de empleos verdes y se convertirá en una industria estratégica y fundamental para alcanzar las metas de neutralidad en Colombia.

En armonía con la Estrategia Colombia Carbono Neutral (ECCN), que busca la reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y la carbono neutralidad al año 2050, la Ley 2232 establece, como se indicó anteriormente, ambiciosas metas de aprovechamiento de materiales plásticos. Para el año 2025 todas las botellas PET de agua potable tratada deberán fabricarse con mínimo 50% de materia prima reciclada y para 2030 con un mínimo de 90%. La meta varía para otro tipo de bebidas, para las cuales se estipula un contenido mínimo del 20% de materia prima reciclada para 2025, 35% para 2030, 40% para 2035 y 60% para 2040. Para el caso de las botellas, envases o recipientes para contener líquidos elaborados de polietileno de alta densidad, el contenido de material reciclado deberá ser de al menos 30% y su recolección del 50%. Sin embargo, no se estableció en la ley una exigencia temporal para lograr este objetivo, lo que puede indicar que debe realizarse normativa complementaria encaminada a la regulación de este tipo de plásticos. Por último, los plásticos utilizados en el sector de la construcción deberán fabricarse con un mínimo de 80% de material reciclado para 2025 y del 90% para el 2030.

Estas metas de recuperación van a demandar de los productores un compromiso real, en el que deben incorporarse prácticas y nuevos procesos de un modelo económico que va abriéndose camino cada vez con más fuerza. La industria dedicada a la transformación de estos materiales será más importante de lo que es en este momento con la regulación de envases y empaques. Al igual que con el sector de recolección, esta Ley y sus demandas fomentará la formalización de esta industria que aún en la actualidad permanece con índices de informalidad altos, permitiéndole alcanzar su máximo potencial y otorgar calidad de vida a quienes se dedican a ella.

Los programas de recuperación, por su parte, traen consigo la obligación de promover estrategias de investigación, innovación y desarrollo, de tal manera que se brinden alternativas para el cierre efectivo del ciclo de los plásticos de un solo uso. Desde una visión estratégica, estos programas se convertirán en la oportunidad de desarrollar procesos de reingeniería constante en las industrias, pues impulsan a través de la innovación, prácticas de menor impacto ambiental en la producción y consumo de bienes y servicios. Esto permite que se preserve el medio ambiente, se satisfaga las necesidades sociales y genere un aumento de la rentabilidad de los inversionistas.

Sin duda alguna, articular la Ley 2232 con la responsabilidad extendida del productor introducida por la Resolución 1407 de 2018, será uno de los principales retos para lograr las metas establecidas en esta Ley, pero es de su mano que puede darse un verdadero cambio en el camino hacia una economía circular y un país más sostenible. Asimismo, la demanda de material irá creando diferentes dinámicas que impactarán, no solo el sector industrial de quienes deben dar cumplimiento, sino también del doméstico, principales consumidores y productores de los insumos necesarios para dar cumplimiento la norma. Al mediano o largo plazo esto podría generar un incremento significativo en el porcentaje de reciclaje del país y un uso más adecuado a los rellenos sanitarios.

Es así como esta norma se presenta como una oportunidad, donde en el largo plazo generan un impacto en la dinámica productiva que permite ver que un medio ambiente sano y un crecimiento económico sí son posibles. Detrás de esta Ley y la normativa a la que dará pie en un futuro vienen una serie de retos, pero, sobre todo, de oportunidades para crear, para aventurarse a creer en la posibilidad de una economía sostenible y a encontrar respuestas sobre el equilibrio entre el cuidado del planeta y el desarrollo económico y social.

Isabel Correa

Líder Jurídico Ambiental